A raíz del 30 aniversario del 23-F, han vuelto a aparecer las voces que reclaman una ley que regule en España el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Una demanda lógica si tenemos en cuenta la falta de datos sobre algunos de los acontecimientos más oscuro de la historia reciente del país y la actual ola de corrupción en la política española.
Pese a que se reconoce el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental, no existe en España una ley que la regule como sí ocurre en casi todos nuestros vecinos de la Unión Europea o en Estados Unidos. En la principal potencia mundial existe una ley desde 1966 y hay cada año más de medio millón de peticiones de acceso a información por parte de los ciudadanos estadounidense.
La situación en nuestro país al respecto es sonrojante. Dicha ley fue una de las promesas en la primera legislatura de Zapatero y cerca de agotar la segunda parece que no se va a pasar del borrador filtrado el pasado verano. Borrador que fue solicitado por varias ONGs que luchan por una ley de acceso a la información en España que cumpla con los requisitos marcados por el Consejo de Europa. La petición nunca fue contestada, y solo se pudo hacer pública gracias a una filtración. Muy paradójico.
Es evidente que no se puede hablar de una verdadera democracia sin transparencia, no se puede si el poder puede ocultar a su antojo información pública a los ciudadanos. La ausencia de una ley de acceso a la información equiparable a la de nuestros vecinos europeos es darle vía libre a tantos corruptos y maleantes que campean por España.
Juan Pablo Merchán Ruiz