El pasado 7 de febrero la nueva apuesta de la izquierda abertzale, Sortu, se presentó en sociedad. Se trata de un partido que se ha presentado como una forma de lograr dentro del juego de la legalidad y la democracia la independencia para Euskal Herria. Sus estatutos, según los expertos en la ley de partidos, son impolutos, además de rechazar la violencia de ETA. Sin embargo, aun hay que esperar para saber si podrán ser parte de los próximas elecciones autonómicas como partido político que cumple con la ley.
El argumento de los que están en contra de su legalización (PP, UPyD, la fiscalía del estado y el Gobierno, según sople el viento) es sencillo. Son herederos de Batasuna, los que están detrás son los mismos que había antes y no han condenado los actos violentos pasados de la banda terrorista ETA. Esto, es cierto, es irrefutable.
Sin embargo, no hay que olvidar cual es el objetivo: El final de ETA y el inicio de un proceso pacífico para darle una solución al conflicto vasco, que debe ser la que elija el mismo pueblo vasco. Es igual de irrefutable que, si se quiere que la izquierda abertzale renuncie definitivamente a la violencia, necesita que se le abra una vía pacífica y democrática. Pese a esto, hay quienes se empeñan en tapársela.
Es comprensible que para mucha gente puede parecer un insulto que ciertas personas estén detrás de un partido legal y pueda obtener representación en las instituciones del Estado, pero hay que reconocer que han dado un paso que la derecha de este país aun no ha dado. Paso que tampoco ha dado el Gobierno, que parece que prefiere no mojarse para no perder más distancia respecto al PP de cara a las lejanas elecciones 2012.
Juan Pablo Merchán Ruiz
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